Capacitación: Conducta Empresarial Responsable

La capacitación organizada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, está dirigida a integrantes de ADERE y consistirá en dos talleres a realizarse el 10 y 17 de agosto de manera virtual.



Objetivos de la capacitación


- Promover el conocimiento de los instrumentos internacionales sobre Empresas y Derechos Humanos, Conducta Empresarial Responsable y Debida Diligencia en Derechos Humanos.

- Capacitar al personal de los entes reguladores en los temas que conforman la agenda de empresas y derechos humanos.

- Fortalecer la coherencia política horizontal de los organismos y oficinas del Estado Nacional.


Acciones específicas


Los dos talleres, se dividirán en dos partes:

1) Promoción y difusión de los elementos centrales de la agenda de empresas y derechos humanos y sus instrumentos internacionales centrales.

2) Capacitación a partir de ejercicios prácticos con preguntas para conducir la conversación y discusión.


10/08/21 -10:30 a 12:30 hs

Introducción a la cuestión de las Empresas y los Derechos Humanos.

17/08/21 - 10:30 a 12:30 hs

¿Cuál es el rol de los Entes Reguladores en la Agenda de Empresas y Derechos Humanos?



Hoy el intercambio de bienes y servicios debe hacerse respetando las normas nacionales e internacionales que garantizan el respeto a los derechos humanos, el trabajo decente y la protección del medioambiente. De allí que el desarrollo a través de distintos instrumentos, de estándares nacionales e internacionales sobre Conducta Empresarial Responsable (CER) incluyen la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.


Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, establecen que el respeto de esos derechos resulta una obligación que pesa sobre todas las empresas, independientemente de su tamaño, sector, o su carácter público o privado. Se basan en la interrelación de tres elementos fundamentales:

a) Proteger: el Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos.

b) Respetar: las empresas tienen la obligación de respetarlos.

c) Remediar: deben existir mecanismos para acceder a la reparación, judiciales o extrajudiciales.


Entre las normas internacionales alineadas con los Principios Rectores de la ONU se destacan: la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y la Política Social de OIT, las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE, la Guía de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable de la OCDE y la Agenda 2030 de la ONU.


La Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, como única Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) de nuestro país en el sistema de las Naciones Unidas y que goza de Status A, en cumplimiento de los de los Principios de París, tiene un mandato amplio para promover y proteger los derechos humanos, y un papel relevante en la promoción de su respeto por las empresas y la protección de las personas y comunidades afectadas por los impactos negativos de sus actividades empresariales que puedan afectar el goce de aquellos, incluyendo los mecanismos de reparación.

Es así que, a través de distintas acciones, la Defensoría del Pueblo de la Nación colabora en la implementación de los PRNU, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como también de los otros estándares internacionales para la Conducta Empresarial Responsable.


La OCDE, en el marco del proyecto de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC)1, trabaja en la promoción, protección y respeto de los derechos humanos en el contexto de las actividades de las empresas, a partir de la difusión de las herramientas y regulaciones de conducta empresarial responsable y debida diligencia como las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales y las Guías de Debida Diligencia.


En este sentido, la tarea de visibilizar los instrumentos que conforman el ecosistema de Empresas y Derechos Humanos, implica generar las condiciones necesarias dentro de los Estados para garantizar la coherencia política; esto es, “asegurar que los departamentos y organismos gubernamentales y otras instituciones estatales que configuran las prácticas empresariales sean conscientes de las obligaciones de derechos humanos del Estado y las respeten en el desempeño de sus respectivos mandatos, en particular ofreciéndoles la información, la capacitación y el apoyo pertinentes” (Principio Rector 8).


Por otra parte, los Estados deben “adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control, o que reciban importantes apoyos y servicios de organismos estatales (...) exigiendo en su caso, la debida diligencia en materia de derechos humanos” (Principio Rector 4). Todavía más, y en función de lo previsto en el Principio Rector 5, “los Estados deben ejercer una supervisión adecuada con vistas a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos cuando contratan los servicios de empresas, o promulgan leyes a tal fin, que puedan tener un impacto sobre el disfrute de los derechos humanos”. Ello, en la medida que “los Estados no renuncian a sus obligaciones internacionales de derechos humanos por privatizar la prestación de servicios con un posible impacto sobre el disfrute de los derechos humanos (...) Es necesario que los contratos de prestación de servicios o la legislación que habilite esa prestación precisen que el Estado espera de esas empresas que respeten los derechos humanos” (Comentario Principio Rector 5).


Es en este contexto que, señalamos, los Entes Reguladores de Servicios Públicos, son organismos estatales facultados para ejercer el control sobre empresas privadas que cuentan con licencia o concesión para la prestación. Entre las funciones de esos Entes se encuentran la de controlar la calidad del servicio, fijar tarifas, autorizar obras de mejoras, entre otras. Además, deben proteger los derechos de las personas usuarias del servicio. Es decir que, cuentan con las potestades suficientes para asegurar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas prestadoras de servicios en cumplimiento del Pilar I de los Principios Rectores.


1 El proyecto, apoyado y financiado por la Unión Europea, está implementado conjuntamente por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).



Para más información, enviar un correo a infoadere@gmail.com o ingresando a www.aderearg.com/contacto.





36 visualizaciones0 comentarios